En la madrugada del 25 de septiembre de 2013, más de un centenar de antidisturbios ejecutaron con violencia la orden de desahucio de la casa de Isabel Rodríguez, perteneciente a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, donde vivía con su marido, su hija de 8 años y sus padres. La EMVS, sociedad anónima con capital 100% del Ayuntamiento de Madrid, es la encargada de desarrollar la política de vivienda municipal y facilitar el acceso a la misma a los sectores con mayores dificultades, teniendo, según ellos, un marcado caracter social. El Ayuntamiento afirma que los padres de Isabel, adjudicatarios de la vivienda al ser realojados después de que expropiaran su casa hace 24 años, y a la que ella se mudó para poder atenderles -su madre sufre trastorno bipolar y su padre una enfermedad degenerativa-, tienen una deuda de 1.000 euros y dos viviendas en propiedad, no pudiendo así ser beneficiarios de una vivienda pública. Isabel no reconoce la deuda que la EMV
EL CONOCIMIENTO PROTEGE, LA IGNORANCIA NOS PONE EN PELIGRO