Nuevo golpe a los derechos humanos: Cospedal reedita sus tarifas de los horrores sanitarios para los inmigrantes

Suben todos los precios del pasado año, rozando la ignominia al pretender cobrar hasta 6.640 euros por una cesárea, 615 euros diarios por hospitalización o 3.517 por un tratamiento de radioterapia

Si un inmigrante sufre un accidente de tráfico y es requerido su ingreso en la UCI, le costará 1.597 euros diarios, frente a los 1.490 del pasado año; si sus heridas son leves y solo necesita la hospitalización, tendrá que abonar cada 24 horas 615, 60 euros, cuando en 2012 esa cantidad era de 580,75 euros, pero si precisa una cesárea de alto riesgo, entonces, la tarifa se dispara hasta los 6.640,36 euros, cien euros más que en el ejercicio anterior. Estas son algunas de las nuevas tarifas de los horrores sanitarios que el Gobierno de Castilla-La Mancha que preside María Dolores Cospedal ha publicado esta semana en Diario Oficial de la comunidad en un nuevo intento de dejar claro que la tierra de Don Quijote es hostil para todos aquellos ciudadanos sin derechos a asistencia sanitaria.

Mientras ella descansa en Marbella
Publicación ignominiosa, según los sindicatos y asociaciones de ayuda a los inmigrantes, que coincide con el veraneo de la secretaria general. Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, llevan toda esta semana preparando sus declaraciones ante el juez Ruz y la fiscalía anticorrupción de Cantabria, respectivamente, en la lujosa urbanización marbellí de Guadalmina, mientras que los padres de un niño “sin papeles” tendrán que pagar 151 euros por una consulta ambulatoria, mientras que si es una urgencia la tarifa, entonces, se dispara hasta los 236 euros.

Radioterapia e indignación en las redes
Y es que la decisión de la presidenta de Castilla-La Mancha de cobrar por “tener derecho a vivir”, dicen las asociaciones, ha indignado, un año más, a miles de internautas que expresan su malestar en las redes sociales y que hacen suyas el rechazo expresado en su día por la secretaria de Empleo y Migraciones de Comisiones Obreras, Lola Santillana, quien acusaba a Cospedal de “liderar también la violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, a la vez que recordaba a su gobierno neoliberal que el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de obligada aplicación, incluso en Castilla-La Mancha, dice que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

Cospedal convierte en incurables las enfermedades
Y es que el Gobierno de Cospedal anula de facto el Derecho a la Salud de los colectivos más vulnerables, de las personas que no tienen recursos, dicen los denunciantes. Razón no les falta, ya que mediante precios desorbitados y obviamente prohibitivos, la cuestionada secretaria general del PP convierte en incurables todas las enfermedades que puedan contraer, lo que ante determinadas patologías o lesiones puede conllevar de forma inexorable una condena capital para la persona que las padece, y, en el caso de enfermedades contagiosas, un grave riesgo para la salud pública, recordaba la líder sindical.

Algunas barbaridades tarifarias
Cómo si no se entiende que el Gobierno de Castilla-La Mancha pretenda cobrar 300 euros por sesión de hemodiálisis, o 3.517 por un tratamiento de radioterapia, o 2.500 por un parto vaginal sin complicaciones, o 87 euros por una mamografía, o 194 por consulta de sintrón, o 98 euros por una consulta domiciliaria sin cuidados de enfermería, o 0,83 céntimos por kilómetros recorrido en ambulancia, a lo que habría que añadir otros 1.100 euros si el inmigrante es asistido por una ambulancia medicalizada, o…la lista de los horrores es tan amplia que da miedo leerla en el boletín oficial castellano-manchego (ver BOCLM).

¿Qué harán con los morosos?
Tarifas que como ya recogía ELPLURAL.COM el pasado año, el 99% de “los sin papeles” no podrá satisfacer porque, sencillamente, carece de ingresos como para hacer frente a los precios sanitarios fijados por el Gobierno de Cospedal; de ahí que las organizaciones sociales se pregunten: “¿Qué harán cuando un inmigrante no pueda pagar; lo dejarán morir; lo meterán en la cárcel? ¿A quién mandará Cospedal la factura…al gobierno de Sierra Leona, Zambia, Níger o de Haití?