Un juzgado de Sevilla ha imputado al director del colegio Yago School, en Castilleja de la Cuesta (Sevilla), por un delito contra los Derechos Fundamentales de un niño que, cuando tenía dos años, para el curso 2012/13, fue rechazado por ser hijo de Ricardo Lucas e Iván Vallejo, un matrimonio formado por dos hombres. “La verdad solo tiene un camino. La mentira las patas muy cortas”, publicó el pasado lunes Ricardo Lucas a través de su perfil de Facebook, después de conocer la imputación. Un paso más en esta batalla contra la homofobia que comenzó cuando la pareja se cercioró de que el colegio que habían escogido como primera opción, por ser un centro “moderno” y “vanguardista”, palabras con las que entonces se define el Yago School en su página web, había rechazado matricular al niño por ser hijo de una pareja homoparental. Ricardo e Iván esperan ahora que, “si todo va bien, como hasta ahora”, se celebre finalmente el juicio.
Junto al director, R.J.R.R, que también es el propietario del colegio, el juez ha imputado a la herma de éste, M.R.R, directora de admisión del centro. El magistrado considera que ambos “rechazaron la posibilidad de que Rodrigo (el primogénito del matrimonio) cursara sus estudios en Yago School debido a que el mismo pertenece a una familia homoparental”, según recoge el auto del juez, al que ha tenido acceso este periódico.
En 2012, en un primer intento de matriculación, la dirección del centro le informó de que no había plazas disponibles. Entonces no le dieron importancia y aceptaron la versión de este colegio bilingüe que, según explica en su página web, intenta “hacer propias las necesidades del otro”. En el parque al que llevaban a su hijo a jugar coincidieron con otros padres que le mostraron su extrañeza por la respuesta del Yago School. “Nos comentaron que sí había plazas y que conocían a gente que había hecho la matrícula sin problemas”, denunció Lucas.
Volvieron a intentarlo. Aquella segunda vez acudió Iván, al que no conocían físicamente en el colegio. La dirección le mostró las instalaciones y no le puso ningún impedimento. Cuando le dijo a la encargada de la matriculación que anteriormente el niño habían rechazado, ésta se excusó diciendo que había sido un error administrativo, explicó Ricardos. A la encargada “se le puso la cara blanca”, añadió. Pero al día siguiente recibieron otra llamada de la dirección. De nuevo el curso estaba ya “completo”.
Ya habían decidido matricular al pequeño en un colegio público pero el nuevo rechazo indignó a la pareja, que denunció la situación. También llevaron el caso ante el Defensor del Pueblo y a la Inspección Educativa.
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