Dos detenidos y cargas policiales frente al edificio consistorial
La decisión de cerrar el edificio consistorial ha sido tomada por motivos de “seguridad”, según comentaba el concejal del área, Julián Mateos, que aseguró que “no va a ver, en ningún momento, desalojo por la fuerza”. Aunque comentó que se enviará a la subdelegación de Gobierno una notificación para “sancionar administrativamente” a los 26 manifestantes que decidieron pasar la noche en el edificio por “desacato a la autoridad”, después de “invitarles” a abandonar el Ayuntamiento a la hora de cierre del edificio. Según vayan desarrollándose los acontecimientos irán aplicando medidas.
Por parte de la Plataforma contra la privatización del Agua –tras una noche fría y después de tener que avisar a los servicios de emergencias porque una de las personas que formaba parte del encierro ha sufrido un bajón de azúcar- dicen “sentirse sitiados” porque al impedir el acceso del público al Ayuntamiento “no tienen relevo” y tampoco pueden abandonar el edificio porque no podrían volver a entrar. En nombre de este colectivo, Juan Barrilero aseguraba que “esperaban que impidieran entrar a sus compañeros”.
Al intentar hablar con el alcalde, Diego Ortega sobre esta cuestión, éste les aseguró que se había decidido “hacer así por seguridad” y que si no estaban de acuerdo que “denunciasen”. A este respecto, el PSOE ha ofrecido sus servicios jurídicos para realizar el trámite. En representación del Grupo Socialista, Carlos Dorado comentaba que la orden de cierre “ha sido verbal” y que el Alcalde le ha asegurado que “no lo puede permitir porque lo que está sucediendo es una manifestación encubierta”. Dorado considera que “se están vulnerando sus derechos como concejal” al no poder atender al público en el horario establecido. “Están tratando a los ciudadanos como si fueran delincuentes cuando todo se está desarrollando de la forma más respetuosa posible, reclamando una consulta popular”.
ESTAFA
Tanto PSOE, como los miembros de la Plataforma, consideran que el alcalde “les está estafando” puesto que se comprometió a debatir en pleno la consulta popular. Algo que, como el propio Ortega confirmaba, “se hará” en la sesión ordinaria del mes de febrero, previo a la aprobación de la adjudicación de la gestión de Aguas de Alcázar a Aqualia. “Desestimarán por mayoría la posibilidad de un referéndum y darán la gestión a le empresa”. Posiblemente esta adjudicación se haga con el voto de calidad del alcalde. Dorado adelantaba que “va a producirse una nueva dimisión en el PP”, la de la concejala de sanidad Concepción Sánchez.
“¡NO NOS MOVERÁN!”
Este sigue siendo el lema de las 20 personas que permanecen encerradas en el Ayuntamiento y que aseguran que “no se irán” hasta que “se les escuche” y consigan que se realice la consulta popular. Así lo confirmaba Juan Barrilero “Si tan seguros están que el pueblo está de acuerdo con la privatización y que los que montamos este revuelo somos cuatro. ¿A qué tienen miedo?. Que hagan un referéndum y si los ciudadanos dicen sí a la privatización nosotros nos retiramos”.
El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan permanecerá cerrado durante todo el miércoles, 19 de febrero, y los ciudadanos no podrán acceder a él para realizar sus gestiones con normalidad. La causa, el encierro de ciudadanos en protesta contra la privatización del Agua y reivindicando un referéndum popular al respecto. Este mediodía, la Policía ha tenido que intervenir para que el acalde de la localidad salga del Ayuntamiento. Diego Ortega ha salido escoltado en un vehículo policial después de que hayan producido cargas policiales y se haya detenido a dos personas, una de ellas con un hombro dislocado.
La decisión de cerrar el edificio consistorial ha sido tomada por motivos de “seguridad”, según comentaba el concejal del área, Julián Mateos, que aseguró que “no va a ver, en ningún momento, desalojo por la fuerza”. Aunque comentó que se enviará a la subdelegación de Gobierno una notificación para “sancionar administrativamente” a los 26 manifestantes que decidieron pasar la noche en el edificio por “desacato a la autoridad”, después de “invitarles” a abandonar el Ayuntamiento a la hora de cierre del edificio. Según vayan desarrollándose los acontecimientos irán aplicando medidas.
Por parte de la Plataforma contra la privatización del Agua –tras una noche fría y después de tener que avisar a los servicios de emergencias porque una de las personas que formaba parte del encierro ha sufrido un bajón de azúcar- dicen “sentirse sitiados” porque al impedir el acceso del público al Ayuntamiento “no tienen relevo” y tampoco pueden abandonar el edificio porque no podrían volver a entrar. En nombre de este colectivo, Juan Barrilero aseguraba que “esperaban que impidieran entrar a sus compañeros”.
Esta situación ha ocasionado que quiénes han tenido que acudir a sus puestos de trabajo hayan abandonado el Consistorio. Dentro han quedado unas 20 personas que persisten en el encierro y que no saldrán del edificio, a pesar de no tener posibilidad de aprovisionarse. Lo harán a través de los “ventanucos” del vestíbulo, ayudados por la centena de personas que han ocupado los alrededores manifestándose y que han vuelto a ocasionar que se corte el tráfico en las calles colindantes. Alrededor del edificio consistorial se ha puesto un cordón policial para impedir el acceso a su interior.
Al intentar hablar con el alcalde, Diego Ortega sobre esta cuestión, éste les aseguró que se había decidido “hacer así por seguridad” y que si no estaban de acuerdo que “denunciasen”. A este respecto, el PSOE ha ofrecido sus servicios jurídicos para realizar el trámite. En representación del Grupo Socialista, Carlos Dorado comentaba que la orden de cierre “ha sido verbal” y que el Alcalde le ha asegurado que “no lo puede permitir porque lo que está sucediendo es una manifestación encubierta”. Dorado considera que “se están vulnerando sus derechos como concejal” al no poder atender al público en el horario establecido. “Están tratando a los ciudadanos como si fueran delincuentes cuando todo se está desarrollando de la forma más respetuosa posible, reclamando una consulta popular”.
ESTAFA
Tanto PSOE, como los miembros de la Plataforma, consideran que el alcalde “les está estafando” puesto que se comprometió a debatir en pleno la consulta popular. Algo que, como el propio Ortega confirmaba, “se hará” en la sesión ordinaria del mes de febrero, previo a la aprobación de la adjudicación de la gestión de Aguas de Alcázar a Aqualia. “Desestimarán por mayoría la posibilidad de un referéndum y darán la gestión a le empresa”. Posiblemente esta adjudicación se haga con el voto de calidad del alcalde. Dorado adelantaba que “va a producirse una nueva dimisión en el PP”, la de la concejala de sanidad Concepción Sánchez.
DESDE EL EQUIPO DE GOBIERNO
Por su parte, el equipo de Gobierno persiste en su intención de realizar el cambio de gestión de la empresa municipal de Aguas y adjudicar parte de la gestión a Aqualia. Diego Ortega insiste en que “es la mejor solución para dar solución a la quiebra que ocasionaron los socialistas durante su gestión”. Remarcó que “ha sido una decisión tomada democráticamente y con transparencia” y volvió a acusar al PSOE de “organizar con este encierro una manifestación encubierta”. En ningún momento contemplan la posibilidad de realizar un referéndum.
Por su parte, el equipo de Gobierno persiste en su intención de realizar el cambio de gestión de la empresa municipal de Aguas y adjudicar parte de la gestión a Aqualia. Diego Ortega insiste en que “es la mejor solución para dar solución a la quiebra que ocasionaron los socialistas durante su gestión”. Remarcó que “ha sido una decisión tomada democráticamente y con transparencia” y volvió a acusar al PSOE de “organizar con este encierro una manifestación encubierta”. En ningún momento contemplan la posibilidad de realizar un referéndum.
“¡NO NOS MOVERÁN!”
Este sigue siendo el lema de las 20 personas que permanecen encerradas en el Ayuntamiento y que aseguran que “no se irán” hasta que “se les escuche” y consigan que se realice la consulta popular. Así lo confirmaba Juan Barrilero “Si tan seguros están que el pueblo está de acuerdo con la privatización y que los que montamos este revuelo somos cuatro. ¿A qué tienen miedo?. Que hagan un referéndum y si los ciudadanos dicen sí a la privatización nosotros nos retiramos”.
Diego Ortega reta a la portavoz socialista a presentar en las Cortes una propuesta para que la gestión del agua sea pública en todos los municipios de Castilla-La Mancha
El alcalde de Alcázar de San Juan, Diego Ortega, ha lamentado que el PSOE persista en la organización de movilizaciones como el encierro de integrantes de la plataforma del agua y los propios concejales socialistas en el Ayuntamiento, lo que supone una “incoherencia”, dado que son muchísimos los consistorios de toda España que tienen concesiones mixtas e incluso privadas al cien por cien de la gestión del agua, muchos de ellos gobernados por el PSOE, informó el Ayuntamiento en un comunicado.
Además, ha recordado que 36 ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real tienen el agua gestionada por una empresa privada contratada por la Diputación, de la que el ex alcalde y principal responsable de la situación de Aguas de Alcázar es el vicepresidente.
Por todo ello, dado que la portavoz socialista, Rosa Melchor, y otros concejales del Grupo Socialista están participando activamente en las movilizaciones, la retó, como diputada de las Cortes regionales, a presentar alguna proposición pidiendo que todos los municipios de Castilla-La Mancha abandonen la gestión privada o mixta del agua y la tengan cien por cien pública.
Asimismo, subrayó que el PSOE está tratando con estas movilizaciones de ganar en la calle, mediante el insulto y la descalificación, lo que perdieron en las urnas, y consideró inaceptable que “los que han llevado a Aguas de Alcázar a la quiebra quieran ahora dar lecciones de legalidad, transparencia y democracia”.
Diego Ortega defendió que la postura del equipo de Gobierno sigue siendo la misma desde que se inició el proceso de cambio de modelo de gestión del agua. Hay una deuda de ocho millones de euros generada por los anteriores gestores, lo que sitúa a la empresa pública en causa legal de disolución. Para evitarlo, la única opción era la capitalización con la participación de una empresa privada que gestione conjuntamente con el Ayuntamiento la empresa de Aguas.
En cualquier caso, subrayó que el Ayuntamiento mantendrá la titularidad del servicio, el alcalde seguirá siendo el presidente de la empresa y las decisiones se tomarán con el acuerdo de ambas partes. El servicio mantendrá, además, su calidad, se mantendrán igualmente los puestos de trabajo y la tarifa del agua no subirá a ningún vecino.
El alcalde alcazareño ha indicado que los vecinos tienen todo el derecho a mostrar su desacuerdo con las decisiones que toma el equipo de Gobierno, aunque sea, como en este caso, una decisión legal y democrática. Sin embargo, no se van a permitir actitudes como las vividas en la noche del martes ni insultos y descalificaciones a concejales y funcionarios públicos.
DESCARTADO EL DESALOJO
Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Julián Mateos, ha confirmado que el desalojo por la fuerza de los encerrados está descartado. Lo que sí se ha hecho es imponer una sanción administrativa por desobediencia a la autoridad a quienes, pasadas las ocho de la noche, permanezcan en el Ayuntamiento, desobedeciendo la orden de desalojo a la hora del cierre de las dependencias municipales.
El alcalde de Alcázar de San Juan, Diego Ortega, ha lamentado que el PSOE persista en la organización de movilizaciones como el encierro de integrantes de la plataforma del agua y los propios concejales socialistas en el Ayuntamiento, lo que supone una “incoherencia”, dado que son muchísimos los consistorios de toda España que tienen concesiones mixtas e incluso privadas al cien por cien de la gestión del agua, muchos de ellos gobernados por el PSOE, informó el Ayuntamiento en un comunicado.
Además, ha recordado que 36 ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real tienen el agua gestionada por una empresa privada contratada por la Diputación, de la que el ex alcalde y principal responsable de la situación de Aguas de Alcázar es el vicepresidente.
Por todo ello, dado que la portavoz socialista, Rosa Melchor, y otros concejales del Grupo Socialista están participando activamente en las movilizaciones, la retó, como diputada de las Cortes regionales, a presentar alguna proposición pidiendo que todos los municipios de Castilla-La Mancha abandonen la gestión privada o mixta del agua y la tengan cien por cien pública.
Asimismo, subrayó que el PSOE está tratando con estas movilizaciones de ganar en la calle, mediante el insulto y la descalificación, lo que perdieron en las urnas, y consideró inaceptable que “los que han llevado a Aguas de Alcázar a la quiebra quieran ahora dar lecciones de legalidad, transparencia y democracia”.
Diego Ortega defendió que la postura del equipo de Gobierno sigue siendo la misma desde que se inició el proceso de cambio de modelo de gestión del agua. Hay una deuda de ocho millones de euros generada por los anteriores gestores, lo que sitúa a la empresa pública en causa legal de disolución. Para evitarlo, la única opción era la capitalización con la participación de una empresa privada que gestione conjuntamente con el Ayuntamiento la empresa de Aguas.
En cualquier caso, subrayó que el Ayuntamiento mantendrá la titularidad del servicio, el alcalde seguirá siendo el presidente de la empresa y las decisiones se tomarán con el acuerdo de ambas partes. El servicio mantendrá, además, su calidad, se mantendrán igualmente los puestos de trabajo y la tarifa del agua no subirá a ningún vecino.
El alcalde alcazareño ha indicado que los vecinos tienen todo el derecho a mostrar su desacuerdo con las decisiones que toma el equipo de Gobierno, aunque sea, como en este caso, una decisión legal y democrática. Sin embargo, no se van a permitir actitudes como las vividas en la noche del martes ni insultos y descalificaciones a concejales y funcionarios públicos.
DESCARTADO EL DESALOJO
Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Julián Mateos, ha confirmado que el desalojo por la fuerza de los encerrados está descartado. Lo que sí se ha hecho es imponer una sanción administrativa por desobediencia a la autoridad a quienes, pasadas las ocho de la noche, permanezcan en el Ayuntamiento, desobedeciendo la orden de desalojo a la hora del cierre de las dependencias municipales.
Blanca Fernández: “Que la ciudanía se movilice sensibilizada por el desmantelamiento de lo público es un soplo de aire fresco”
“Un soplo de aire fresco”. Así ha definido la secretaria de Organización del PSOE en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, la movilización protagonizada por los ciudadanos de Alcázar de San Juan en contra de la privatización de la empresa municipal de agua.
Cabe recordar que el encierro protagonizado desde la mañana de ayer en el Ayuntamiento de esta localidad por la Plataforma en Defensa del Agua cuanta con el apoyo de los concejales del Grupo Municipal Socialista en su reclamación al alcalde para que convoque pleno en el que debatir una iniciativa popular sobre la gestión del agua.
Fernández encuadra este gesto de la ciudadanía en la sensibilidad que tienen y en la muestra más evidente contraria al desmantelamiento de lo público, y en este sentido “sostiene que el PSOE tiene que estar ahí”.
Enhorabuena por parto a los ciudadanos y también al PSOE de Alcázar de San Juan comandado por su secretaria general, Rosa Melchor, “por saber estar al lado de la gente que ya está harta de que se desmantele lo público para malvenderlo o desbaratarlo en manos privadas”, que augura que es lo que sucederá si al final se culmina la venta de la empresa pública de agua pese a ser muy rentable no solo desde el punto de vista económico, sino sobre todo socialmente.
La dirigente socialista ha dicho no estar en la mente del alcalde de Alcázar de San Juan, Diego Ortega, pero sí se ha permitido darle un consejo. “Si está viendo que está habiendo un movimiento social tan grande e importante en su ciudad, debería pararse y escuchar, porque es mejor escuchar a la ciudadanía, aunque sea tarde, que no escucharle nunca o escuchar a otros asesores que a lo mejor están defendiendo otro tipo de intereses espurios y no los públicos y generales”.
De hecho, Blanca Fernández ha subrayado para concluir que “cuando cientos de ciudadanos de ciudadanos se movilizan para defender lo público es que algo hay detrás, y haría muy bien el equipo de Gobierno en escuchar y atender a ese mar de fondo”.
“Un soplo de aire fresco”. Así ha definido la secretaria de Organización del PSOE en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, la movilización protagonizada por los ciudadanos de Alcázar de San Juan en contra de la privatización de la empresa municipal de agua.
Cabe recordar que el encierro protagonizado desde la mañana de ayer en el Ayuntamiento de esta localidad por la Plataforma en Defensa del Agua cuanta con el apoyo de los concejales del Grupo Municipal Socialista en su reclamación al alcalde para que convoque pleno en el que debatir una iniciativa popular sobre la gestión del agua.
Fernández encuadra este gesto de la ciudadanía en la sensibilidad que tienen y en la muestra más evidente contraria al desmantelamiento de lo público, y en este sentido “sostiene que el PSOE tiene que estar ahí”.
Enhorabuena por parto a los ciudadanos y también al PSOE de Alcázar de San Juan comandado por su secretaria general, Rosa Melchor, “por saber estar al lado de la gente que ya está harta de que se desmantele lo público para malvenderlo o desbaratarlo en manos privadas”, que augura que es lo que sucederá si al final se culmina la venta de la empresa pública de agua pese a ser muy rentable no solo desde el punto de vista económico, sino sobre todo socialmente.
La dirigente socialista ha dicho no estar en la mente del alcalde de Alcázar de San Juan, Diego Ortega, pero sí se ha permitido darle un consejo. “Si está viendo que está habiendo un movimiento social tan grande e importante en su ciudad, debería pararse y escuchar, porque es mejor escuchar a la ciudadanía, aunque sea tarde, que no escucharle nunca o escuchar a otros asesores que a lo mejor están defendiendo otro tipo de intereses espurios y no los públicos y generales”.
De hecho, Blanca Fernández ha subrayado para concluir que “cuando cientos de ciudadanos de ciudadanos se movilizan para defender lo público es que algo hay detrás, y haría muy bien el equipo de Gobierno en escuchar y atender a ese mar de fondo”.
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