El Grupo de Trabajo señala los recortes en políticas sociales y la eliminación de Educación para la Ciudadanía como factores que perpetúan la discriminación
"Hay indicios de que el sistema no ha resistido las presiones y las políticas adoptadas", afirman las expertas
Admiten que en España hay un "impresionante" marco legislativo pero que la puesta en práctica no ha caminado hacia la eliminación de la desigualdad
España cuenta con un "impresionante" marco legislativo e institucional para luchar contra la discriminación de las mujeres pero las políticas avanzan en el sentido contrario. Así lo apuntan las observaciones de las expertas del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la discriminación contra la mujer, que finalizaron este viernes su primer viaje oficial a España. El objetivo de la visita: evaluar los progresos en la eliminación de las barreras a las mujeres en distintos ámbitos. La delegación considera que algunas de las políticas estrella del Gobierno funcionan como obstáculos para la igualdad de género.
Bajo la lupa de las Naciones Unidas han pasado la representación de las mujeres en las instituciones, las condiciones a las que se ven expuestas en el mundo laboral y los estereotipos e imágenes que difunden la cultura y la educación, entre otros aspectos. La delegación del Grupo de Trabajo, presidido por la relatora Frances Raday, sitúa las raíces de la discriminación en "la cultura machista y en las actitudes patriarcales" que aún perduran en la sociedad española.
Tras varias reuniones durante diez días con diferentes representantes de las instituciones públicas y miembros de la sociedad civil, Raday lamentó ante la prensa este viernes que los planes "no han conseguido acabar con la desigualdad ni reducir el nivel de violencia contra las mujeres". A pesar de los "innegables esfuerzos" que adjudicó a las autoridades españolas, la presidenta del grupo también destacó algunos puntos negros en la gestión del Ejecutivo para combatir esta lacra social.
El grupo de trabajo presentará un informe con sus conclusiones y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2015. "Antes de la revisión periódica de España y los Estados sí utilizan nuestros informes para hacer las preguntas a los países evaluados", recuerda Frances Raday.El Diario .es
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