Desarticulan una red de blanqueo de capitales a la que se vincula a un concejal del equipo de gobierno de Yeles
Un concejal del equipo de Gobierno de Yeles figura entre los 164 detenidos en una macrooperación del Cuerpo Nacional de Policía y la Agencia Tributaria por su presunta vinculación con una trama dedicada al fraude fiscal y al blanqueo de capitales de origen ilícito a través de establecimientos de compraventa de oro. Así lo ha podido contrastar este medio en fuentes conocedores del asunto.
Javier Serrano, segundo teniente de alcalde del equipo de Gobierno del Partido Popular en la localidad sagreña, se habría visto envuelto en esto precisamente al regentar uno de estos establecimientos de compraventa de oro, situado en la misma Yeles. Lo cierto es que el jueves de la semana pasada, los vecinos de esta localidad de unos 5.000 habitantes vecina a Illescas se vieron sorprendidos con la llegada de un fuerte dispositivo policial tanto a la casa del edil como a la de otro hombre con el que ha mantenido tradicionalmente relaciones de negocios. «Los agentes llegaron a primera hora de la mañana y estuvieron custodiando la casa hasta las cinco de la tarde», rememora el concejal de la opositora Unión de Vecinos de Yeles (UVY), Miguel Padilla, sobre un acontecimiento que concitó la curiosidad de muchos.
Fuentes policiales han confirmado que esta operación se ha saldado en la provincia con el registro de dos viviendas en Yeles, otra más en Olías del Rey y el de un establecimiento de compraventa de oro en Toledo capital. El total de detenidos es de cuatro personas, a las que hay que sumar una quinta que ha quedado en situación de imputada aunque no ha pasado por el arresto. A los detenidos se les ha confiscado unos 20.000 euros, una mínima parte de los 1,7 millones decomisados a toda la trama en las 12 provincias en las que se ha detectado su presencia.
Silencio del alcalde. Por lo que se sabe, Serrano García ha quedado en libertad pero no ha trascendido nada de la situación en que se encuentra tras el arresto. Un silencio que comparte el propio alcalde, José Fernando González, que no ha atendido las repetidas llamadas que este medio le ha realizado.
La incógnita por el panorama que se traslada al Ayuntamiento sobre si continuará o no en su puesto el concejal Serrano tras verse envuelto en este turbio caso ya está teniendo consecuencias políticas.
El concejal de la UVY ha manifestado su disposición a dialogar con las demás fuerzas políticas de la oposición (PSOE y Partido Independiente) para encontrar la manera en que Serrano y el alcalde den al menos unas explicaciones sobre estos hechos de las que ahora carecen. Aunque teme que el regidor dilate esto incluso al Pleno previsto para finales de este mes. «Primero queremos escuchar qué nos dice el alcalde», comenta el corporativo. También señala que tendría que partir del propio Serrano la decisión de renunciar al cargo, si no tiene argumentos para defender su honorabilidad tras haber quedado salpicado por esta operación policial.
Javier Serrano, segundo teniente de alcalde del equipo de Gobierno del Partido Popular en la localidad sagreña, se habría visto envuelto en esto precisamente al regentar uno de estos establecimientos de compraventa de oro, situado en la misma Yeles. Lo cierto es que el jueves de la semana pasada, los vecinos de esta localidad de unos 5.000 habitantes vecina a Illescas se vieron sorprendidos con la llegada de un fuerte dispositivo policial tanto a la casa del edil como a la de otro hombre con el que ha mantenido tradicionalmente relaciones de negocios. «Los agentes llegaron a primera hora de la mañana y estuvieron custodiando la casa hasta las cinco de la tarde», rememora el concejal de la opositora Unión de Vecinos de Yeles (UVY), Miguel Padilla, sobre un acontecimiento que concitó la curiosidad de muchos.
Fuentes policiales han confirmado que esta operación se ha saldado en la provincia con el registro de dos viviendas en Yeles, otra más en Olías del Rey y el de un establecimiento de compraventa de oro en Toledo capital. El total de detenidos es de cuatro personas, a las que hay que sumar una quinta que ha quedado en situación de imputada aunque no ha pasado por el arresto. A los detenidos se les ha confiscado unos 20.000 euros, una mínima parte de los 1,7 millones decomisados a toda la trama en las 12 provincias en las que se ha detectado su presencia.
Silencio del alcalde. Por lo que se sabe, Serrano García ha quedado en libertad pero no ha trascendido nada de la situación en que se encuentra tras el arresto. Un silencio que comparte el propio alcalde, José Fernando González, que no ha atendido las repetidas llamadas que este medio le ha realizado.
La incógnita por el panorama que se traslada al Ayuntamiento sobre si continuará o no en su puesto el concejal Serrano tras verse envuelto en este turbio caso ya está teniendo consecuencias políticas.
El concejal de la UVY ha manifestado su disposición a dialogar con las demás fuerzas políticas de la oposición (PSOE y Partido Independiente) para encontrar la manera en que Serrano y el alcalde den al menos unas explicaciones sobre estos hechos de las que ahora carecen. Aunque teme que el regidor dilate esto incluso al Pleno previsto para finales de este mes. «Primero queremos escuchar qué nos dice el alcalde», comenta el corporativo. También señala que tendría que partir del propio Serrano la decisión de renunciar al cargo, si no tiene argumentos para defender su honorabilidad tras haber quedado salpicado por esta operación policial.
La red blanqueó 1.000 millones de capitales de procedencia ilegal.
Esta operación, según informaba el Cuerpo Nacional de Policía en una nota, se ha saldado con la incautación de 6,5 toneladas de oro y plata junto a 1.690.000 euros en efectivo y se han bloqueado bienes por valor superior a los 16.000.000 de euros. El entramado, formado por 180 empresas, aprovechó el auge en la compraventa de oro y plata para emitir facturas falsas por hasta 1.000 millones de euros anuales y blanquear así beneficios provenientes del comercio del oro, estafas masivas, fraudes inmobiliarios e incluso el narcotráfico.
El conglomerado, que utilizaba empresas ficticias y testaferros, también servía para introducir en el circuito legal joyas robadas y defraudar en el pago de impuestos. Cerca de 600 investigadores de la Policía y de la Agencia Tributaria se han coordinado para registrar 88 establecimientos de compraventa de oro abiertos al público, domicilios y empresas instrumentales.
Las investigaciones sobre el complejo entramado empresarial comenzaron en 2012 en Valencia y se han extendido a Murcia, Málaga, Madrid, Barcelona, Tarragona, Castellón, Alicante, Córdoba, Granada, Toledo y Valladolid.
El conglomerado, que utilizaba empresas ficticias y testaferros, también servía para introducir en el circuito legal joyas robadas y defraudar en el pago de impuestos. Cerca de 600 investigadores de la Policía y de la Agencia Tributaria se han coordinado para registrar 88 establecimientos de compraventa de oro abiertos al público, domicilios y empresas instrumentales.
Las investigaciones sobre el complejo entramado empresarial comenzaron en 2012 en Valencia y se han extendido a Murcia, Málaga, Madrid, Barcelona, Tarragona, Castellón, Alicante, Córdoba, Granada, Toledo y Valladolid.
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