Los recortes del PP pasan también por las pensiones: Bauzá deja sin la mitad de su paga a 520 jubilados
El Gobierno balear machaca a las víctimas de un "ERE encubierto" de Matas
De manera súbita, sin previo aviso, el gobierno de Baleares deja sin la mitad de su pensión a 520 pensionistas del servicio balear de salud (Ib-Salut). Representantes de los afectados permanecen encerrados en las dependencias del servicio y no piensan abandonar su actitud mientras no se resuelva su situación. Se sienten engañados por un partido que prometió solemnemente que no rebajaría las pensiones.
De manera súbita, sin previo aviso, el gobierno de Baleares deja sin la mitad de su pensión a 520 pensionistas del servicio balear de salud (Ib-Salut). Representantes de los afectados permanecen encerrados en las dependencias del servicio y no piensan abandonar su actitud mientras no se resuelva su situación. Se sienten engañados por un partido que prometió solemnemente que no rebajaría las pensiones.
Para entender la situación de estas personas hay que remontarse a 2005. En aquellos momentos, el gobierno balear con Jaume Matas de presidente, estaba construyendo un nuevo hospital público en Palma (Son Espasses), buena parte de cuyos servicios iban a ser de gestión privada.
En aquel momento, las condiciones para jubilarse antes de los 65 años eran haber cotizado desde antes de 1967, haber trabajado un mínimo de 25 años en el servicio de salud y un mínimo de dos años en el mismo centro. No obstante, se perdía un porcentaje de la pensión.
Mediante resolución publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares de 31 de mayo de 2005, el Gobierno de Jaume Matas se comprometió a complementar la diferencia a aquellos trabajadores sanitarios que se acogiesen a tal posibilidad. “Fue un ERE encubierto”, explica Juan de Dios Torres, portavoz de los afectados, “porque no nos podían despedir y el servicio iba ser privatizado”.
Ahora, de un día para otro, José Ramón Bauzá, actual presidente de las Baleares, ha derogado dicha disposición y 520 familias se han quedado sin unos 700 euros euros al mes.
Torres insiste en que no son ni “prejubilados” ni “privilegiados”, sino personas que hasta hoy habían cobrado la pensión que les correspondería por sus años trabajados. “No sé cómo vamos a hacer frente a los gastos del mes que viene”, concluye.
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