Venden a las mujeres en las fronteras

Las víctimas de las mafias que cruzan África rumbo a España sufren violaciones sistemáticas
Cada vez hay más menores entre las subsaharianas que son explotadas por las redes de trata
Entre 40.000 y 50.000 mujeres son explotadas sexualmente en España.

Una mujer negra, con un vestido corto naranja fluorescente, se sujeta con las manos el vientre hinchado mientras descansa sentada en la sala de embarque del puerto de Melilla. Tiene la cara hendida con cicatrices y ronda la veintena. Forma parte de un grupo de subsaharianos que acaba de salir del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de la ciudad autónoma. Hoy es el gran día, el del salto a la Península con el que los subsaharianos sueñan desde el momento en que abandonan su tierra. A la mujer, no se la ve feliz. Es parca en palabras.

Reticente, cuenta que es nigeriana, que está embarazada de cuatro meses y que ha pasado los últimos tres en el centro de inmigrantes. Antes malvivió en uno de los bosques que rodean la ciudad marroquí de Nador. No hay margen para más detalles. Su vigilante, también nigeriano, se presenta con cara de pocos amigos y da la charla por terminada. Él controla sus movimientos. Y ella, es una víctima más de las redes de trata que fuerzan a las inmigrantes a prostituirse durante su infernal travesía por el norte de África y durante largos años en suelo europeo.

Ellas, acceden al territorio español en patera o camufladas en coches por los pasos fronterizos. Las transacciones de redes criminales compran y venden mujeres de las que abusan y a las que después obligan a prostituirse. España es uno de los países de destino final de estas esclavas sexuales.

"Cada una depende de un solo hombre, pero las utilizan muchos otros"

Las rutas que trazan las redes mafiosas son conocidas. También lo son la ubicación de los campos marroquíes en los que esperan para cruzar a Europa y los polígonos industriales españoles en los que las mujeres se prostituyen a la fuerza. El gran interrogante es cómo es posible que, con este grado de conocimiento, no se pueda proteger a estas mujeres de agresiones y delitos tan previsibles.

John —nombre ficticio— es un veinteañero nigeriano que ofrece información detallada a las puertas del centro de inmigrantes de Melilla, adonde llegó hace poco más de un mes tras saltar la valla. Antes pasó dos años en Maghnia (Argelia), trabajando para los jefes de las redes de trata, hasta juntar el dinero y poder pagar el peaje para cruzar de Argelia a Marruecos. “Los hombres mienten a las mujeres”, asegura. “Les dicen que es fácil llegar a Europa y que allí encontrarán trabajo. Que irán a Níger y de allí en avión a España.

Pero en Níger les dicen que hay que ir hasta Argelia primero. En ese punto, las mujeres ya no tienen dinero y no tienen más opción que seguirles”.

Y prosigue: “A las mujeres las venden en las fronteras. Los jefes nigerianos eligen a las que más les gustan. Por el camino, las dejan embarazadas”. Cuenta John que en la travesía hay mujeres de distintas edades. Desde menores hasta de 30 años. Dice también que algunas se arrepienten pero que no tienen cómo volver. Y que otras albergan todavía la esperanza de una vida mejor en Europa. “Cualquier mujer que venga aquí ha sufrido abusos”, asegura. “Ellas no te lo dirán, pero este es el sistema”.

Antes de llegar a Melilla o a las costas andaluzas, las mujeres pasan meses malviviendo en Oujda o en los bosques de Nador, a 90 kilómetros de Melilla. Se dividen en dos grandes grupos, los francófonos —Malí, Congo, Camerún— y los anglófonos —Nigeria—, “en todos opera la mafia y en todos hay trata”. “Por las mañanas, las envían a mendigar”, relata. Cada una depende de un solo hombre, pero las utilizan muchos otros.

Primero las viola el jefe y luego el resto. Están a su servicio. El objetivo es que se embaracen porque así tienen más posibilidades de quedarse en España”. Los niños son su pasaporte. Y concluye: “Si la situación de los inmigrantes hombres es terrible, la de las mujeres es cien veces peor. Esto es una auténtica tragedia humanitaria”.

“No puedo recomendar a nadie que venga a pasar por este sufrimiento"

La antesala de la Península son los campos del bosque: lugares hostiles, heladores en invierno y abrasadores en verano, donde la sarna salta de una piel a otra con facilidad. Chantal —nombre ficticio—, camerunesa, habita desde hace siete meses junto con sus hijos y decenas de subsaharianos en Bolingo, uno de los campos. “Dormimos en el suelo, sobre un plástico”, relata. “La vida no es fácil. La policía viene todo el rato. En una redada, me llevaron a Rabat y después volví. En el campamento hay muchas mujeres embarazadas y niños”. Esta antigua camarera explica que con lo que mendiga en la calle y el agua que le dan “los árabes”, va tirando. Que no hay comida todos los días, pero que lo poco que consigue, lo guarda para sus hijos, de seis y cuatro años, que hoy la acompañan. Llevan más de un año sin ir a la escuela.

“No puedo recomendar a nadie que venga a pasar por este sufrimiento. El sueño de mi vida es que mis hijos coman, duerman y vayan a la escuela. Que tengan las oportunidades que yo no he tenido. Me salva la esperanza de pensar que algún día lo lograré”. Chantal espera ahora su oportunidad para cruzar el Estrecho en una balsa hinchable.

Como Chantal, varias mujeres en tránsito desde África responden con evasivas y visiblemente atemorizadas cuando se les pregunta por detalles del camino o por violaciones, embarazos y abortos clandestinos en los campos. Les cambia la cara y se dan media vuelta. “Yo no sé nada” es una despedida que se escucha con frecuencia.

Las organizaciones que trabajan con subsaharianas aseguran, sin embargo, que es prácticamente imposible que una mujer llegue al norte de Marruecos sola, de espaldas a las mafias. Carlos Montero es el director del CETI. Es una persona cercana, que conoce bien a los que pasan por este centro, en el que se amontonan los inmigrantes. Ahora hay 1.480 personas.. “El 99,9% de las nigerianas que vienen de Marruecos son explotadas sexualmente”.

Luego están los abortos. Las mujeres tratan de ocultarlos, pero en ocasiones, cuando hay hemorragias, acaban inevitablemente en la enfermería. Si se detectan indicios como estos, que suelen corresponder a casos de esclavitud sexual, desde la dirección del CETI alertan a las ONG que reciben a las mujeres cuando desembarcan en la Península y que las alojarán en pisos provisionales.

En cuestión de días, las recién aterrizadas en la Península desaparecen del radar de las ONG y los servicios sociales. Al poco de llegar a los pisos de acogida, un hombre va a recogerlas y no se las vuelve a ver nunca más. Se convierten en invisibles. Ya en manos de la sucursal mafiosa española, la mujer se prostituye a la fuerza durante años, bajo la estrecha vigilancia de sus captores, para pagar la deuda contraída en el camino: en torno a los 50.000 euros, según calculan personas cercanas a las víctimas. La red española contra la trata de personas estima que entre 40.000 y 50.000 mujeres son explotadas sexualmente en España.

Una red de tratantes Las redes cuentan con distintos actores, según detalla Women´s Link Worldwide en un reciente informe: La trata de mujeres y niñas nigerianas: esclavitud entre fronteras y prejuicios. Captadores. Pueden ser familiares, vecinos... ‘Madame’. La mujer que se encarga de la explotación de la víctima en el destino. ‘Guideman’. Nigerianos que se encargan del traslado de las mujeres y niñas hasta Marruecos. ‘Marido’ o ‘novio’: La red decide quién será. Son los hombres que las dejan embarazadas. ‘Connection man’. Funcionarios corruptos, para que la red funcione a espaldas de la justicia.

La situación se ha agravado en los últimos años con la llegada cada vez más numerosa de menores, según informa Rocío Nieto, presidenta de Apramp, una asociación que ofrece pisos protegidos a las víctimas de la trata. “Son niñas o adolescentes”, explica. “El año pasado pasaron 20 menores por nuestro piso”. Ramón Esteso, responsable de inclusión social de Médicos del Mundo, una ONG que presta asistencia sanitaria a prostitutas subsaharianas en España, asegura que “las que llegan a Almería o a Granada, tarde o temprano van a ser víctimas de prostitución forzada”, “ aunque salgan de sus países libremente, tienen una probabilidad altísima de que las redes las capten por el camino”, añade. “Algo está fallando. Necesitamos herramientas jurídicas para dar protección a estas mujeres”.

Organizaciones como la Comisión de Ayuda al Refugiado de Euskadi, que recientemente ha visitado Melilla, piden que se considere la trata de personas con fines de explotación sexual como causa de asilo sin que tenga que mediar una denuncia. Su directora, Patricia Bárcena, entiende que, a pesar de que no sean personas perseguidas por un Estado o de que el propio país de origen condene la conducta criminal, son personas en peligro que necesitan protección internacional, en parte porque se enfrentarían a riesgos aún mayores de ser devueltas a sus países. “Las autoridades españolas ejecutan a menudo expulsiones de ciudadanas nigerianas a su país de forma no segura considerando que no son víctimas de trata a pesar de la existencia de indicios”, señala Women´s Link Worldwide.

Aún así, Bárcena reconoce que el asilo por sí mismo no basta y que se necesitan medidas de protección adicionales. Esteban Velázquez, responsable de la Delegación de Migraciones del Arzobispado de Tánger pide presencia internacional en las fronteras. No puede ser que la Unión Europea dé dinero solo para aumentar la seguridad y no se preocupe de las violaciones de derechos humanos”.

En la actualidad, a estas mujeres se les aplica en España el artículo 59 bis de la ley de extranjería —según el cual, si denuncian a sus captores y colaboran con la policía para desarticular las redes, obtendrán protección—. El problema es que las mujeres del camino callan, no denuncian. Los extorsionadores les amenazan con matar a su familia si huyen y viajan sometidas a conjuros y ritos de vudú que las aterrorizan. “El miedo impide a la gran mayoría de ellas dar el paso. Son tumbas”, reconoce José Nieto, jefe del centro de inteligencia de la Policía Nacional (UCRIF). Sin denuncia es difícil que se pueda ofrecer protección a estas mujeres.

“Estamos ante un delito socialmente permitido. Yo aspiro a que cuando la gente vaya a un club a tomar una copa, por lo menos se plantee que igual esa mujer con la que está hablando no está ahí porque quiere; que la esclavitud existe en nuestro país en el siglo XXI”.

Autor: Ana Carbajosa