ELPLURAL.COM lo denunció el pasado mes de enero y nos llovieron infinidad de críticas y desmentidos. Nueve meses después, nos dan la razón: Cospedal cobrará 30 euros a todos los discapacitados que quieran conocer su nivel de dependencia, 40 si recurren la decisión del tribunal evaluador y, lo que es más esperpéntico, 35 por certificar la idoneidad de los padres que quieran cuidar a su hijo dependiente.
Y LUEGO DICEN QUE NO MIENTEN.
Cuando en enero dijimos que desaparecería el derecho de los ciudadanos a la valoración gratuita de su nivel de dependencia, el Gobierno de la María Dolores Cospedal arremetió contra nuestra información, desmintiendo en numerosas ocasiones la misma. Hoy, la Plataforma de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha critica, en comunicado público, “al mentiroso y cínico consejero Echaniz y su jefa suprema, la señora Cospedal, que da órdenes que están llevando al estrangulamiento por inanición a los dependientes de la región” al saber que el Gobierno del PP aprobará hasta doce nuevas tasas que “asedian” a los más desfavorecidos.
¿Está capacitado un padre para cuidar de su hijo?El Gobierno que preside la también secretaria general del PP no se fía de los padres, madres y familiares directos de los dependientes que solicitan ayuda ineludible para desarrollar una vida con un mínimo de dignidad, y pone en duda la capacidad de los progenitores a la hora de cuidar de sus hijos, obligándoles a someterse a un prueba de idoneidad que está gravada, cómo no, con 35 euros.
¿Puedo ser dependiente?: 30 eurosPero aquí no queda el despropósito, María Dolores Cospedal, que dice que “los españoles aprueban” los recortes del PP porque han ganado las elecciones en Galicia, también cobrará, como ya anunció ELPLURAL.COM el pasado mes de enero, por el derecho de los ciudadanos a la valoración gratuita de su nivel de dependencia; a partir de ahora costará 30 euros. Aún hay más: el que no esté de acuerdo con la valoración y pida una revisión de la misma, tendrá que abonar otros 40, a los que habría que sumar otros 10 euros si los miembros del tribunal tienen que desplazarse hasta el domicilio del solicitante. La mayoría son grandes discapacitados y tienen seriamente mermadas su capacidad de movimiento.
Medida disuasoriaTasas que nadie, salvo el PP y su portavoz, la excéntrica Carmen Riolobos, comparte y entiende. Tanto las asociaciones de discapacitados, como el resto de partido políticos, interpretan estas doce nuevas tasas como una medida disuasoria para que los dependientes renuncien a reclaman el derecho que tienen otorgado por ley al comprobar que el uso del mismo les acarreará unos gastos que no pueden costear; si además le añadimos la demora en el pago en el caso de ser aprobada la dependencia por el tribunal, no hay economía familiar que pueda soportar esta situación.
La privatización, acechaEn este sentido, la Plataforma de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha expone públicamente sus sospechas sobre la posibilidad de dejar en manos privadas la valoración del grado de dependencia, que podría correr a cargo de empresas que, según los portavoces de la Plataforma, no son ajenas al entorno familiar del consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz.
Inmigrantes y adopcionesNo solo los dependientes están afectados por esta catarata de gravámenes. Según la portavoz del PSOE, Matilde Valentín, el Gobierno de Cospedal ha establecido, además, una tasa de 132,50 euros por la realización de informes de idoneidad en los casos de adopción internacional y otra para la elaboración de informes sobre disposición de vivienda adecuada (9,50 euros) y de arraigo (19,50) para la obtención de residencia de reagrupación familiar de inmigrantes.
Castilla-La Mancha, junto a Madrid y Murcia, todas ellas gobernadas por el PP, son las únicas comunidades que cobran por los certificados de dependencia.
Fuente: El plural.com
Y LUEGO DICEN QUE NO MIENTEN.
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