La Policía Nacional destapa un fraude de 700.000 euros a la Seguridad Social mediante la venta de falsos contratos de trabajo

Detenidas 186 personas en Baleares, entre ellas los cinco responsables de la trama

Los supuestos empresarios cobraban entre 300 y 600 euros por cada uno, importe que variaba en función de la duración del mismo o de la habilidad del comprador para negociar el precio

Los contratos eran utilizados posteriormente poder cobrar el paro, regularizar la situación como extranjero y/o conseguir otras ayudas sociales

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red que defraudó 700.000 euros a las Seguridad Social. Los responsables de la organización vendían contratos falsos de trabajo para que pudieran cobrar el paro, regularizar la situación como extranjero y/o conseguir otras ayudas sociales. Los responsables de la trama cobraban entre 300 y 600 euros por cada contrato, importe que variaba en función de la duración del mismo o de la habilidad del comprador para negociar el precio. Han sido arrestadas 186 personas a lo largo de un año de investigaciones, todas ellas en Baleares, entre ellas los cinco supuestos empresarios.

Entre 300 y 600 euros por un falso contrato

La investigación comenzó a raíz de un informe de la Inspección de Trabajo relacionado con la creación de unas empresas con un gran número de trabajadores, casi todos de origen marroquí, y en la que se detectaban muchas irregularidades, principalmente en las obligaciones fiscales. Cuatro supuestos empresarios, con domicilio en Felanitx, crearon las mercantiles en connivencia con una quinta persona de origen marroquí. Este último era el encargado de la captación de los supuestos trabajadores, los cuales son mayoritariamente de su misma nacionalidad. Abonaban diferentescantidades de dinero a cambio de la elaboración del falso contrato de trabajo con el que eran dados de alta en la Seguridad Social.

Los arrestados creaban en primer lugar empresas ficticias, solicitando el Alta en el régimen especial de trabajadores autonomos con base mínima en la actividad de construcción y de empleadas domésticas. Estas mercantiles dejaban de tener actividad alguna desde el primer momento de su creación y no pagaron ninguna obligación fiscal inherente a toda empresa constituida. Después vendían contratos de trabajo, sobre todo a personas extranjeras, en un porcentaje superior al 95% los implicados en esta operación. Los compradores de los contratos eran captados por un ciudadano marroquí que recibía aproximadamente un 50% por la venta, mientras que el otro 50% era para el empresario. Los precios de los contratos iban desde los 300€ a los 600€ por contrato, variando el importe cobrado según la duración del contrato e incluso la habilidad para negociar el precio.

Finalmente, los falsos contratos falsos de trabajo eran utilizados para renovar los permisos de residencia -entre cuyos requisitos se encuentra una oferta de empleo-, para solicitar la prestación por desempleo o el subsidio de empleo, para acumular días de cotización y para solicitar la incapacidad laboral o las bajas por maternidad.

Un fraude de 700.000 euros

El Grupo 2 de falsedades documentales de La Brigada de Extranjería de la Policía Nacional de Palma comprobó la existencia de las falsedades documentales y se dispuso inmediatamente a recopilar información de los distintos organismos oficiales implicados logrando con esta ardua búsqueda comprobar, documentar y tipificar los delitos penales que se habían cometido. Se comprobó que esta banda actuaba de una forma organizada, y tenían una serie de indicadores habituales establecidos por la Unión Europea para hablar de organización criminal, como la permanencia en el tiempo, estructura jerárquica, sospecha de comisión de delitos graves, búsqueda de beneficios o poder y uso de estructuras empresariales y testaferros.

Tras el análisis de los datos obtenidos los investigadores de la Policía han detenido a 186 personas y poner al descubierto un fraude que alcanza la cifra de los 700.000€. Los policías han localizado 318 contratos falsos de trabajo y atribuyen a los arrestados los delitos de falsedad documental, estafa, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social y pertenencia a grupo criminal, según los casos.

En la gran mayoría de los casos los imputados han negado haber pagado por los contratos, otros han manifestado obras que luego se ha comprobado su inexistencia, porque no existía la dirección facilitada en las declaraciones o bien porque los trabajos de construcción eran en casas abandonadas y/o en ruinas o en solares donde se ve claramente que nunca se ha hecho ninguna labor relacionada con la construcción, etc.

El éxito de la operación ha sido posible gracias a la colaboración de la Policía Nacional con la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social, las Oficinas de Empleo y el Ministerio de Hacienda, los cuales han cruzado todos los datos existentes en cada uno de estos organismos oficiales para desarticular la trama. La operación continúa abierta y se esperan nuevas detenciones por este fraude a la Seguridad Social.