Siete tumbas vacías han aparecido ya en lo que llevamos de año en cuatro provincias distintas, resultado de las exhumaciones que se están practicando para investigar casos de robo de bebés. Ello avala la tesis defendida por los familiares, en el sentido de que durante toda la segunda mitad del siglo XX existió en España una red organizada de tráfico de bebés, procedentes en muchos casos de la sustracción a sus familias mediante extorsión o engaño, diciéndoles que habían muerto tras el parto. En otros casos, el análisis del ADN de los restos descarta que el bebé sea hijo de los padres que lo enterraron, como le ocurrió al granadino Eduardo Raya, que ha sido el primero en presentar una queja formal ante el Parlamento europeo por la “indefensión” que dice producirle la justicia española.
De la veintena de exhumaciones realizadas por deseo familiar u orden judicial, sólo en dos ocasiones el ADN de los restos ha confirmado que el bebé allí enterrado es hijo de sus padres, en sendos casos de Zaragoza y Albacete, dando así tranquilidad a sus familias. Justo al revés que en el resto de exhumaciones, que en siete ocasiones han arrojado el escalofriante resultado de tumbas vacías, en concreto las practicadas en los cementerios de Derio (Bilbao), Polloe (Donostia), Itsasondo (Gipuzkoa), Monda (Málaga), dos en La Línea de la Concepción (Cádiz) y otra más en el cementerio de San José, en la capital gaditana.
En este último caso, el descubrimiento lo hizo la madre, Josefa Rincón, por casualidad, al trasladar el féretro de su nicho del Cementerio de San José, en proceso de clausura, al mancomunado. Al abrirlo se encontró con que dentro no había nada, “sólo un trozo de gasa con un esparadrapo”. Un sepulturero les dijo que, al ser un bebé, no perduraban los restos, “y nos lo creímos”, recuerda ahora con asombro. Sospecha que el trozo de gasa se depositó allí precisamente por si algún día abrían el féretro, para disimular el robo amparándose en la infundada creencia popular de que los restos de un bebé se esfuman. Al saber de la multitud de casos denunciados o en busca de evidencia, más de 350 sólo en la provincia de Cádiz, y unos 3.000 en toda España, Josefa ha puesto los hechos en conocimiento del juez.
Ella rememora con amargura cómo dio a luz mediante cesárea el 11 de mayo de 1984 en el antiguo Hospital Zamacola de la capital gaditana. Nació un varón de 5,5 kilos que no paraba de llorar, “toda mi familia lo vio”. Sin embargo, una hora después del parto les comunicaron que el bebé había muerto por encharcamiento de pulmones. “Un niño con encharcamiento no llora con tantas ganas”, arguye. Además, le dieron otras dos posibles causas del fallecimiento, contradictorias con la primera: en el Registro Civil, que tragó líquido amniótico, y en el cementerio por ser prematuro. El médico no le dijo nada. “Salió corriendo y no volvió a entrar en la habitación hasta que yo salí del hospital”, denuncia.
Así que, con resignación, “lo enterramos nosotros, pero no nos dejaron ver el cuerpo”. En realidad lloraron a un ataúd vacío. En la licencia de enterramiento figura el nombre de uno de los facultativos, de iniciales J.L.M.O., como mandatario. Un nombre que también se cita en al menos otros treinta casos de presuntos bebés robados en Cádiz, al igual que el de un segundo doctor, con iniciales M.C.C. Ambos ejercen todavía y, en teoría, darán cuenta de sus actos próximamente ante el juez.
La principal duda sobre las tumbas vacías la sembró el médico forense Francisco Etxeberría, quien declaró ante la comisión del Parlamento vasco que investiga el robo de niños que un neonato no tiene huesos, sino cartílagos, que se degradan con más rapidez, por lo que no encontrar restos óseos en una exhumación “no significa nada”. Sin embargo, el propio Instituto de Medicina Forense de Euskadi se pronunció en contra de esta teoría. Para aclarar las dudas, Periodismo Humano se ha puesto en contacto con el laboratorio independiente de genética y toxicología Neodiagnóstica, que ha prestado ya su apoyo a una decena de exhumaciones de recién nacidos.
Su director, el criminólogo y experto en ciencias forenses Jaume Buj, explica que los recién nacidos tienen siempre más de siete meses de gestación, y a esa edad ya tienen formados huesos como el cráneo, las costillas y los más largos, como el fémur, por lo que esos restos óseos siempre aparecerán en la sepultura, y son especialmente visibles cuando el féretro se conserva en nichos o panteones familiares, puesto que el ataúd se conserva mejor. En cambio, no aparecerán huesos como las falanges o la columna vertebral, que aún no se han terminado de formar.
Según Buj, la creencia popular se que los restos mortales de un bebé desaparecen se debe a que, cuando el féretro es sepultado en tierra, la caja se puede degradar y romperse, y en ese caso, al desenterrarse con palas, como suele suceder en los cementerios, pueden destrozar los huesos de un bebé, que son más frágiles. Hacen falta técnicas arqueológicas para desenterrarlo. Sin embargo, cuando se trata de ataúdes en nichos con treinta o cuarenta años de antigüedad, como son los casos de Josefa y el resto de tumbas vacías de bebés, no existe la menor duda: “si no hay huesos en el ataúd es que nunca los hubo”, sentencia Buj, puesto que para que se deshagan por completo hacen falta más de mil años, y no en todos los casos.
En el caso del abogado granadino Eduardo Raya, que el primer denunciante de España de robo de bebés, dos análisis independientes de ADN han confirmado que el cuerpo desenterrado no puede ser hijo de su mujer, Gloria. Sin embargo, el Instituto Nacional de Toxicología insiste en que no encuentra ADN en estos restos, y además su caso, reabierto tras descubrirse que fue primigeniamente cerrado en base a una posible prueba falsa, ha sido de nuevo archivado por la jueza “sin la más mínima motivación”, opina Raya. Y es que Toxicología ha dictaminado que aquella supuesta prueba falta, un trozo de hígado “milagrosamente aparecido veinte años después”, pertenece a un niño con hepatitis. “Si es de un niño, se confirma lo que decíamos, que no es de un bebé, ¿cómo entonces puede archivar el caso la juez?”, se indigna Raya, que ya ha recurrido la decisión judicial ante la Audiencia de Granada.
Pero además, Eduardo ha sido el primer afectado por presunto robo de bebés en nuestro país (los hechos son recientes, de 1990) en presentar una queja formar ante el Parlamento europeo, “por indefensión, irregularidades judiciales y parálisis de la justicia española en el caso de su hija y en el de miles de denuncias presentadas en España. Se calcula que entre 1940 y 1955 se sustrajeron unos 20.000 niños a sus familias por razones ideológicas, de represión política del régimen franquista, pero con posterioridad, en plena democracia, y hasta bien entrada la década de los noventa, esta práctica se habría prolongado de forma ilegal, por razones puramente económicas, pudiendo afectar a otras miles de familias de todo el país.
En el cementerio de San José de Cádiz, y aprovechando su traslado, el Ayuntamiento ha autorizado a los familiares para realizar la mayor exhumación masiva de tumbas por robo de bebés hasta ahora conocida, puesto que se han presentado 49 solicitudes. Uno de los afectados, Jesús Alcina, que busca a su hermano, confirma que han comenzado el desenterramiento de la fosa común en la fueron supuestamente sepultados los ataúdes por orden del hospital Zamacola, pero se están encontrando serias dificultades, puesto que han aparecido restos de otros féretros, de bebés que nada tienen que ver con los casos denunciados, que fueron allí re-enterrados cuando sus nichos se desocuparon, sin haberlo comunicado previamente a las familias.
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